El aparato judicial y represivo del Paraguay
Desde el lunes 23 de julio Ireneo Vallejo ha decidido iniciar una huelga de hambre por su libertad, Gustavo Cardozo se sumó a la huelga dos días después. El jefe de la penitenciaría no permite el acceso a los escasos medios de comunicación de la zona que intentaron dialogar con los huelguistas, los medios masivos nacionales no se dan por enterados.
A finales del mes de mayo, fue asesinado un reconocido ganadero del Departamento de San Pedro. El crimen fue utilizado para realizar aparatosos allanamientos en el asentamiento campesino llamado Tacuati Poty, buscando a los supuestos autores del asesinato. Los policías ingresaron fuertemente armados, con gran cantidad de efectivos, violentando a los/as pobladores/as y con la prepotencia que caracteriza a estos órganos del Estado; Arrestaron a varias personas como sospechosas del crimen, varias de ellas fueron liberadas unos días después.Ireneo Vallejos de 43 años y Gustavo Cardozo de 28, siguen recluidos en la penitenciaría regional de San Pedro, acusados de ser las personas que perpetraron el asesinado del ganadero. Vallejos es un humilde agricultor, reconocido dirigente campesino de la zona, fundador del asentamiento Tacuati Poty. Las fiscalía sustenta su acusación en los testimonios de un supuesto testigo que declara en contra de ambos campesinos, sin embargo los/as pobladores/as del asentamiento creen que se trata una vez más de una persecución política en contra del campesinado y exigen la liberación de sus compañeros, para lo cual han realizado una serie de movilizaciones en contra de la forma en que la fiscalía está llevando la investigación.
Desde el lunes 23 de julio Ireneo Vallejo ha decidido iniciar una huelga de hambre por su libertad, Gustavo Cardozo se sumó a la huelga dos días después. El jefe de la penitenciaría no permite el acceso a los escasos medios de comunicación de la zona que intentaron dialogar con los huelguistas, los medios masivos nacionales no se dan por enterados.
Los/as campesinos/as son conscientes que su prisión no es cuestión de simple “error jurídico”, se trata de un proyecto político que intenta desbaratar toda resistencia campesina, avanzar sobre las comunidades campesinas, criminalizar y expulsarlas de sus tierras, por ello entienden que las movilizaciones y las medidas de fuerza son las principales formas de detener dicho proyecto.
El sistema judicial paraguayo sigue utilizando sus mecanismos legales para perseguir a asentamientos campesinos empobrecidos en diferentes departamentos del país, estos mecanismos jurídicos tienen como principal objetivo la desmovilización de los sectores populares en torno a las principales problemáticas que perturban al país, la concentración de tierra en pocas manos y el avance desmesurado de los agronegocios.
Para el aparato judicial y represivo del Paraguay, lo importante no es atender la seguridad de las personas, de los seres humanos, prevenir o esclarecer crímenes, delitos; la prioridad es echar a andar toda una maquinaria legal/jurídica y represiva diseñada para avanzar en contra los sectores empobrecidos. Estableciendo una suerte de “preferencia” hacia los sectores campesinos organizados, los sin tierras, para luego extenderse contra los sin techos y barrios sub urbanos en extrema pobreza, trabajadores/as informales, indígenas, jóvenes, mujeres y toda persona que forme parte del pobrerío causado por la mala distribución de las riquezas.
El hecho de ser campesino, y más aún campesino sin tierra, es motivo suficiente para ser un perseguido político en este país, donde la impunidad se pasea sobre la sangre de nuestros muertos y el dolor de nuestra gente; la maquinaria avanza con miles de campesinos/as imputados por la lucha por la tierra, desapariciones, encarcelamientos y muertes.
A finales del mes de mayo, fue asesinado un reconocido ganadero del Departamento de San Pedro. El crimen fue utilizado para realizar aparatosos allanamientos en el asentamiento campesino llamado Tacuati Poty, buscando a los supuestos autores del asesinato. Los policías ingresaron fuertemente armados, con gran cantidad de efectivos, violentando a los/as pobladores/as y con la prepotencia que caracteriza a estos órganos del Estado; Arrestaron a varias personas como sospechosas del crimen, varias de ellas fueron liberadas unos días después.Ireneo Vallejos de 43 años y Gustavo Cardozo de 28, siguen recluidos en la penitenciaría regional de San Pedro, acusados de ser las personas que perpetraron el asesinado del ganadero. Vallejos es un humilde agricultor, reconocido dirigente campesino de la zona, fundador del asentamiento Tacuati Poty. Las fiscalía sustenta su acusación en los testimonios de un supuesto testigo que declara en contra de ambos campesinos, sin embargo los/as pobladores/as del asentamiento creen que se trata una vez más de una persecución política en contra del campesinado y exigen la liberación de sus compañeros, para lo cual han realizado una serie de movilizaciones en contra de la forma en que la fiscalía está llevando la investigación.
Desde el lunes 23 de julio Ireneo Vallejo ha decidido iniciar una huelga de hambre por su libertad, Gustavo Cardozo se sumó a la huelga dos días después. El jefe de la penitenciaría no permite el acceso a los escasos medios de comunicación de la zona que intentaron dialogar con los huelguistas, los medios masivos nacionales no se dan por enterados.
Los/as campesinos/as son conscientes que su prisión no es cuestión de simple “error jurídico”, se trata de un proyecto político que intenta desbaratar toda resistencia campesina, avanzar sobre las comunidades campesinas, criminalizar y expulsarlas de sus tierras, por ello entienden que las movilizaciones y las medidas de fuerza son las principales formas de detener dicho proyecto.
El sistema judicial paraguayo sigue utilizando sus mecanismos legales para perseguir a asentamientos campesinos empobrecidos en diferentes departamentos del país, estos mecanismos jurídicos tienen como principal objetivo la desmovilización de los sectores populares en torno a las principales problemáticas que perturban al país, la concentración de tierra en pocas manos y el avance desmesurado de los agronegocios.
Para el aparato judicial y represivo del Paraguay, lo importante no es atender la seguridad de las personas, de los seres humanos, prevenir o esclarecer crímenes, delitos; la prioridad es echar a andar toda una maquinaria legal/jurídica y represiva diseñada para avanzar en contra los sectores empobrecidos. Estableciendo una suerte de “preferencia” hacia los sectores campesinos organizados, los sin tierras, para luego extenderse contra los sin techos y barrios sub urbanos en extrema pobreza, trabajadores/as informales, indígenas, jóvenes, mujeres y toda persona que forme parte del pobrerío causado por la mala distribución de las riquezas.
El hecho de ser campesino, y más aún campesino sin tierra, es motivo suficiente para ser un perseguido político en este país, donde la impunidad se pasea sobre la sangre de nuestros muertos y el dolor de nuestra gente; la maquinaria avanza con miles de campesinos/as imputados por la lucha por la tierra, desapariciones, encarcelamientos y muertes.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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